El pasado 7 de febrero de 2026 se produjo el primer accidente de trabajo mortal del año del sector de conservación de carreteras en la N-502, a la altura del p.k. 56+400, en el Puerto del Pico. Pedro, conductor de un camión quitanieves y trabajador adscrito al contrato de conservación y explotación del sector AV-1 de la Red de Carreteras del Estado en Ávila, perdió su vida mientras realizaba labores de retirada de nieve correspondientes al servicio de vialidad invernal. Otro accidente mortal de un trabajador del mismo sector tuvo lugar al mes siguiente en la LE-311 ocurrido en la localidad leonesa de Garrafe de Torío. El último, hasta el momento, en fallecer, ha sido un trabajador el pasado 10 de agosto en la autovía A-62, en el término municipal de Buníel {Burgos}.
Tras cada uno de los accidentes mortales, la federación de industria, construcción y agro de UGT en Castilla y León ha llevado a cabo una serie de movilizaciones reivindicando las medidas necesarias para evitar más accidentes en un sector ya de por sí muy precarizado. Sin embargo, las empresas del sector de conservación, mantenimiento y explotación de todo tipo de carreteras, de acuerdo con la organización sindical, “se niegan a reconocer el peligro de atropellos al que se enfrentan operarios y vigilantes, que nunca queda controlado completamente a pesar de todas las medidas de prevención y protección que se puedan adoptar por las empresas y trabajadores del sector, puesto que el mismo depende de condiciones ajenas: condiciones de la calzada (estado), meteorológicas (niebla, lluvia, deslumbramiento solar en momentos del día en los que el sol está muy próximo al horizonte...), del estado psicofísíco, así como, observación de los límites máximos de velocidad de la vía por el operador de los vehículos que transiten por las carreteras donde se presta servicio, o el propio estado de conservación y mantenimiento de los vehículos”.
Cabe recordar que Castilla y León es una de las CCAA con más kilómetros de carreteras de España, ya que cuenta con alrededor de 33.400 kilómetros de carreteras estatales, autonómicas y provinciales, cuyo mantenimiento corresponde a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Transporte. Pero la externalización del servicio y la falta de inversión suficiente han provocado la degradación progresiva de las condiciones laborales de las personas trabajadoras encargadas de su mantenimiento en nuestra comunidad.
Por eso, UGT FICA lleva más de 6 meses exigiendo una reunión con los agentes implicados en la mejora de la seguridad de las condiciones laborales del colectivo con el fin de desarrollar medidas y desplegar refuerzos que eviten poner en riesgo la vida de las personas trabajadoras del sector.
Para conseguirlo, consideran imprescindible incorporar medidas como la inclusión, en los pliegos de contratación pública, de criterios obligatorios vinculados a la seguridad y salud laboral, así como condiciones dignas y estables para los trabajadores. También exigen incorporar un anexo especifico en el Convenio General de la Construcción para el personal de mantenimiento viario, donde quede reconocida la peligrosidad del trabajo, la disponibilidad permanente, la vialidad invernal y el régimen especial de retenes y guardias. Asimismo, la federación ha realizado la solicitud de coeficientes reductores para esta actividad al Ministerio competente.
Gabinete de Comunicación
UGT FICA Castilla y León