Este año hemos cumplido el 25º Aniversario de la firma, el 10 de abril de 1992, del I Convenio General de la Construcción, ese gran acuerdo sectorial que vino a “dignificar el sector productivo de la construcción en nuestro país”, en palabras del entonces secretario general de la Federación Estatal de la Madera, Construcción y Afines de UGT (FEMCA-UGT), Manuel Garnacho. El convenio permitió derogar la vieja ordenanza laboral franquista, que databa de 1970, e inauguró un largo periodo de diálogo, negociación y paritarismo que, hace veinticinco años, constituía una práctica impensable en nuestros sectores económicos.
La aprobación del Convenio General inauguró un nuevo periodo en las relaciones laborales en nuestro país en general, y en la lucha por dignificar el sector de la construcción en particular. No me cabe duda de que este cambio no habría sido posible sin el liderazgo de nuestro compañero Manolo Garnacho, y sin la apuesta decidida del entonces ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, y del presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Jesús Roa, que tuvieron que lidiar con las presiones de la CEOE de José María Cuevas. En esa lucha no estuvieron solos. En este viaje le acompañaron sindicalistas de la talla de Teodoro Escorial, Saturnino Gil, Ángel López Nogales, José Carlos Rodríguez, Manuel Valero, Arturo Rodríguez, y del entonces secretario de FECOMA-CCOO, Luis Poveda, entre muchos otros.
Suyo fue el mérito de edificar el andamiaje de una nueva estructura de negociación colectiva dirigida a conseguir la generalización y homogeneización de las condiciones laborales de todos los trabajadores del sector, independientemente del lugar geográfico de su centro de trabajo. Junto a este nuevo marco negociador, se dio carta de naturaleza a las comisiones paritarias, los órganos de diálogo permanente entre empresarios y sindicatos, que se han convertido en verdaderos foros de diálogo entre las partes, para administrar, gestionar y aplicar el articulado de los convenios colectivos firmados.
La mayor parte de las materias a negociar en el sector se reservaron al ámbito estatal, como por ejemplo, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la formación profesional, la movilidad funcional, la jornada anual, la seguridad e higiene en el trabajo, las horas extraordinarias, etc., dejando materias específicas para la negociación a nivel autonómico o provincial. De esta forma, se aseguraba la homogeneización de las condiciones laborales de los trabajadores en la vertebración de la nueva estructura negociadora.
Visto desde la perspectiva de los veinticinco años transcurridos, podemos afirmar que el Convenio General de la Construcción supuso un hito en las relaciones laborales en este país, que situó a empresarios y sindicatos ante unas nuevas reglas de juego en las que el diálogo y la negociación se situaban como instrumentos para la consecución de unos fines beneficiosos para todas las partes, algo que la reforma laboral del Gobierno del PP de 2012 ha venido a dinamitar. Además, sirvió de punto de partida para otros sectores económicos y para la consecución de otros convenios sectoriales estatales.
Uno de los puntos más importantes de aquel primer convenio general fue el de la constitución, a finales de 1992, de la Fundación Laboral de la Construcción, la entidad paritaria que cumple también 25 años ofreciendo a los trabajadores y trabajadoras y a las empresas del sector formación específica y recursos en todos los ámbitos de la construcción, entre ellos, la prevención de riesgos laborales, la sostenibilidad y la innovación. En estos 25 años, la Fundación ha ido impartiendo y ampliando su oferta formativa, adecuándola a las necesidades específicas de trabajadores y empresas del sector. En total, la Fundación Laboral ha formado a más de 1.800.000 trabajadores de la construcción desde su constitución, y cuenta con 46 centros de formación propios.
Nuestro trabajo, sin embargo, no ha terminado. En nuestro horizonte sindical, está el logro de otra reivindicación fundamental para dignificar el sector de la construcción en nuestro país, como es el adelanto de la edad de jubilación a los 60 años para los trabajadores a pie de obra. Se trata de una demanda histórica de UGT FICA, vieja pero cada día más de justicia social con un colectivo que sufre las penosas condiciones de trabajo y la excesiva peligrosidad, a la que se ven expuestos miles de trabajadores que alcanzan una edad avanzada, y no cuentan con las mismas condiciones físicas que un trabajador joven. Seguiremos luchando para que, antes de que se cumplan otros 25 años, está justa reivindicación sea una realidad.
Pedro Luis Hojas Cancho
Secretario General UGT FICA