UGT FICA considera indispensable que se concrete el compromiso del actual ejecutivo de desarrollar el denominado “Estatuto Electrointensivo” en el que se incluyen políticas fundamentales para el sector electrointensivo.
Más de dos mil trabajadores llegados en autobús y procedentes de empresas electrointensivas de varias comunidades autónomas (entre las que ha estado UGT FICA Castilla y León) se han concentrado esta mañana frente al Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno el cumplimiento del compromiso que adquirió en la legislatura anterior de aprobar un Estatuto del Consumidor Electrointensivo para garantizar a la industria española una tarifa energética competitiva en consonancia con el resto de países de nuestro entorno.
Los trabajadores, convocados por UGT FICA y FI-USO han mostrado de esta forma su malestar por el retraso en la aprobación de una medida vital para el mantenimento de sus empresas y de la industria que consume mayor cantidad de energía y genera en un nuestro país más de 200.000 puestos de trabajo de calidad y con derechos (sectores siderúrgico, químico, papelero, cementero, etc…).
Tras varios años de reinvidicar la necesidad de que nuestro país cuente de una vez por todas con un marco regulatorio que garantice la competitividad de la industria española en general y la industria electrointensiva en particular, los trabajadores han dicho basta y se han concentrado frente al Parlamento para hacer ver una vez más su preocupación ante el futuro de sus empleos y de la industria electrointensiva.
Durante la concentración, el secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas, se ha dirigido a los trabajadores y trabajadoras que se han dado cita al Congreso y ha insistido en que es indispensable que se concrete el compromiso del actual ejecutivo de desarrollar el denominado “Estatuto Electrointensivo” en el que se incluyen políticas fundamentales para el sector electrointensivo (gestión demanda interrumpibilidad, los pagos por emisiones indirectas de CO2, la reducción de peajes y carga impositiva, fomentar las contratos bilaterales, leyes comerciales y derecho antidumping, etc…) que necesariamente hará necesario un amplio consenso en el arco parlamentario por tratarse de regulaciones enmarcadas en distintas leyes del ámbito estatal.
Además, ha hecho un llamamiento a los agentes políticos en su conjunto (gobierno nación, grupos parlamentarios, a todas las Administraciones Públicas implicadas, estatales y regionales) para que antepongan sus intereses, y legislen para garantizar la continuidad de la actividad de los trabajadores afectados en el conjunto del Estado, de tal forma que desaparezcan los riesgos ciertos y la incertidumbre continuidad de la actividad en gran número de factorías industriales vinculadas de forma directa a sus costes energéticos.