UGT FICA reclama un plan de estatal de infraestructuras ambicioso que reoriente el modelo productivo y facilite una salida rápida de la crisis sin dejar "a nadie atrás"
La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT considera imprescindible que el Gobierno acometa cuanto antes un plan estatal de infraestructuras ambicioso que reoriente nuestro modelo productivo hacia un crecimiento sostenible e inclusivo, movilizando inversión pública y privada para facilitar una rápida salida de la crisis sin dejar “a nadie atrás”.
Si bien es cierto que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 duplican el gasto en infraestructuras, hasta situarlo en 11.500 millones de euros, no es menos cierto que las necesidades de nuestro país requieren de medidas más ambiciosas destinadas no sólo a impulsar los sectores tractores de la economía y el empleo de calidad, sino también a apuntalar el cambio de modelo productivo para hacerlo más eficiente y sostenible.
Desde este punto de vista, consideramos que la crisis provocada por la COVID debe entenderse como una oportunidad para reforzar nuestras infraestructuras y nuestra capacidad logística, adaptarlas a las necesidades territoriales y enmarcarlas en una política industrial coherente. Cometeríamos un grave error si concentramos todos nuestros esfuerzos en aplicar medidas coyunturales para superar la actual crisis y no acometemos medidas de mayor calado que reconstruyan nuestra estructura económica en base a una industria fuerte con mayor implantación territorial y a una economía circular.
Necesitamos, por tanto, planes de inversiones en infraestructuras ambiciosos que permitan aumentar y mantener constante el esfuerzo inversor tanto para el desarrollo de nuevos proyectos como para el mantenimiento de las infraestructuras ya existentes. Es necesaria una planificación estratégica en esta materia, que facilite un desarrollo territorial equitativo y, en paralelo, ayude a frenar la despoblación de la España vaciada y su precariedad laboral estructural.
Desde UGT FICA consideramos imprescindible que la inversión se concentre en los próximos años en aquellos proyectos con mayor potencial tractor y efecto multiplicador, con especial atención a las especificidades del tejido económico productivo de las diferentes comunidades autónomas que permitan reforzar la productividad y, con ella, el crecimiento potencial de la economía, generando empleos de calidad en sectores de alta cualificación.
Hay que recordar que la inversión en infraestructuras, además de contribuir al desarrollo social, tiene un impacto económico importante a través del impulso a la actividad económica inducida, la creación de empleo directo e indirecto, el apoyo a la industria nacional y el retorno fiscal (en torno al 49% en infraestructuras y el 36% en vivienda).
Por otro lado, no podemos olvidar que, en el contexto de crisis actual, es imprescindible dotar de una perspectiva social a las políticas de vivienda, centrándolas en las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas para poner fin de una vez por todas a la brutal crisis de acceso a este derecho fundamental, que afecta especialmente a los trabajadores y trabajadoras. El Estado debe recuperar su papel de moderador del mercado inmobiliario a través de la construcción de vivienda protegida, tanto para compra como para alquiler, y acabar con la especulación. Es imprescindible que se incentive un plan estatal de vivienda efectivo, con suficiencia presupuestaria y gestionado con instrumentos públicos.
Paralelamente, desde UGT FICA seguimos reivindicando una estrategia integral de rehabilitación de viviendas, cuya necesidad ha quedado más que claramente demostrada con el confinamiento a consecuencia de la pandemia. Existe un alto índice de deterioro en el parque de viviendas de nuestro país y evidentes carencias en los requerimientos de eficiencia energética, habitabilidad, accesibilidad, etc. Una estrategia que se haría extensiva a edificios, barrios y zonas degradadas de las poblaciones, tanto urbanas como rurales, en la que confluirían las distintas políticas (urbanísticas, de suelo, etc.), y se integraría la actual normativa dispersa con criterios homogéneos en todos los territorios.
En definitiva, consideramos imprescindible, por tanto, no sólo dotar de mayor estabilidad a las empresas y al empleo, sino también impulsar una red de infraestructuras integrales y sostenibles que contribuyan a crear una mayor cohesión económica en nuestro país, evitando y frenando la desertización industrial de nuestros territorios.