No se puede negar el voluntarismo del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de intentar reparar los profundos daños que han significado las políticas de los Gobiernos anteriores para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y para las relaciones laborales. Lo que sí se le puede achacar es una cierta falta de ambición política a la hora de coger el toro por los cuernos y abordar la esencia de los males endémicos que azotan nuestra economía: la derogación de la reforma laboral y la falta de una política industrial coherente y definida.
Después de tantos años de recortes, desde UGT FICA no podemos más que aplaudir el reciente anuncio del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de la intención del Gobierno de, no sólo seguir adelante con los compromisos de inversión y los contratos públicos ya aprobados o en fase de ejecución, sino también de incrementar la inversión en obra pública e infraestructuras hasta finales de 2018 en 5.000 millones más. Asimismo, nos congratulamos del ascenso del área de Vivienda en el organigrama de Fomento, del lanzamiento del plan para la construcción de 20.000 viviendas de alquiler a precios limitados en ciudades con precios disparados, y del anuncio del replanteamiento del Plan de Vivienda 2018-2021.
Las denuncias de las temporeras marroquíes en la campaña de la fresa en Huelva es un síntoma más de la depauperada situación laboral del sector agrario.
Los abusos denunciados por las temporeras marroquíes desplazadas a la campaña de la fresa y los frutos rojos de Huelva vuelven a traer a escena la dura realidad de los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena del campo español.
El Gobierno ha movido ficha. Por fin. Tras meses de tibias alusiones a la necesidad de subir los salarios finalmente ha predicado con el ejemplo en el pacto con los sindicatos de la Función Pública; un acuerdo que permitirá ganar poder adquisitivo a los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos por primera vez en nueve años.
La regulación de la energía en nuestro país se ha venido caracterizando por la aplicación de medidas coyunturales en función de las ocurrencias y los intereses de los gobiernos de turno. Un continuo parcheo que ha dado lugar a un escenario volátil en el que las grandes empresas energéticas han campado a sus anchas, sin tener en consideración ningún otro aspecto que no sea la obtención del máximo beneficio económico.