Gorka López denuncia el “inmovilismo” de la patronal y reclama un acuerdo que permita recuperar poder adquisitivo y mejorar las condiciones laborales.

UGT FICA Valladolid prepara un calendario de movilizaciones ante la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo del sector del metal de Valladolid y provincia. El sindicato considera que la posición mantenida por la patronal está impidiendo cerrar un acuerdo después de meses de conversaciones.

El secretario de Acción Sindical de UGT FICA Castilla y León, Gorka López, critica la actitud empresarial y señala que la negociación continúa condicionada por una posición que califica de “prepotente e inmovilista”. A su juicio, la reunión celebrada el pasado 10 de agosto en el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) no permitió acercar las posiciones.

Uno de los principales escollos continúa siendo la revisión salarial. UGT FICA plantea una subida del 5% anual durante los años 2026, 2027 y 2028, mientras que la propuesta empresarial contempla un incremento del 2,5% para este año y del 1,5% para los dos siguientes.

Para López, la diferencia entre ambas propuestas no es una cuestión menor, ya que afecta directamente a la capacidad de las personas trabajadoras del sector para mantener su poder adquisitivo. El sindicato considera que la evolución de los salarios debe responder a la situación económica y a la pérdida acumulada de poder adquisitivo.

La negociación aborda también otras materias laborales. Entre las reivindicaciones de UGT FICA se encuentran la reducción de jornada, la actualización de permisos y licencias y el mantenimiento de determinados complementos durante las situaciones de incapacidad temporal por enfermedad.

“No vamos a aceptar un convenio que suponga pérdida de derechos ni retrocesos”, sostiene Gorka López, que reclama a la patronal un cambio de posición para poder avanzar hacia un acuerdo.

Ante la ausencia de avances, UGT FICA Valladolid ha anunciado una primera movilización para el lunes 31 de agosto, a las 12.00 horas, frente a la sede de VAMETAL. El sindicato prevé dar continuidad a las protestas si la negociación no experimenta un cambio sustancial.

UGT FICA mantiene que el objetivo sigue siendo alcanzar un acuerdo en la mesa de negociación, pero advierte de que la falta de respuesta empresarial obligará a incrementar la presión sindical. La organización reclama un convenio que combine una mejora salarial con avances en jornada y derechos laborales, y que permita cerrar la negociación sin retrocesos para las plantillas.

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El pasado 7 de febrero de 2026 se produjo el primer accidente de trabajo mortal del año del sector de conservación de carreteras en la N-502, a la altura del p.k. 56+400, en el Puerto del Pico. Pedro, conductor de un camión quitanieves y trabajador adscrito al contrato de conservación y explotación del sector AV-1 de la Red de Carreteras del Estado en Ávila, perdió su vida mientras realizaba labores de retirada de nieve correspondientes al servicio de vialidad invernal. Otro accidente mortal de un trabajador del mismo sector tuvo lugar al mes siguiente en la LE-311 ocurrido en la localidad leonesa de Garrafe de Torío. El último, hasta el momento, en fallecer, ha sido un trabajador el pasado 10 de agosto en la autovía A-62, en el término municipal de Buníel {Burgos}.

Tras cada uno de los accidentes mortales, la federación de industria, construcción y agro de UGT en Castilla y León ha llevado a cabo una serie de movilizaciones reivindicando las medidas necesarias para evitar más accidentes en un sector ya de por sí muy precarizado. Sin embargo, las empresas del sector de conservación, mantenimiento y explotación de todo tipo de carreteras, de acuerdo con la organización sindical, “se niegan a reconocer el peligro de atropellos al que se enfrentan operarios y vigilantes, que nunca queda controlado completamente a pesar de todas las medidas de prevención y protección que se puedan adoptar por las empresas y trabajadores del sector, puesto que el mismo depende de condiciones ajenas: condiciones de la calzada (estado), meteorológicas (niebla, lluvia, deslumbramiento solar en momentos del día en los que el sol está muy próximo al horizonte...), del estado psicofísíco, así como, observación de los límites máximos de velocidad de la vía por el operador de los vehículos que transiten por las carreteras donde se presta servicio, o el propio estado de conservación y mantenimiento de los vehículos”.

Cabe recordar que Castilla y León es una de las CCAA con más kilómetros de carreteras de España, ya que cuenta con alrededor de 33.400 kilómetros de carreteras estatales, autonómicas y provinciales, cuyo mantenimiento corresponde a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Transporte. Pero la externalización del servicio y la falta de inversión suficiente han provocado la degradación progresiva de las condiciones laborales de las personas trabajadoras encargadas de su mantenimiento en nuestra comunidad.

Por eso, UGT FICA lleva más de 6 meses exigiendo una reunión con los agentes implicados en la mejora de la seguridad de las condiciones laborales del colectivo con el fin de desarrollar medidas y desplegar refuerzos que eviten poner en riesgo la vida de las personas trabajadoras del sector.

Para conseguirlo, consideran imprescindible incorporar medidas como la inclusión, en los pliegos de contratación pública, de criterios obligatorios vinculados a la seguridad y salud laboral, así como condiciones dignas y estables para los trabajadores. También exigen incorporar un anexo especifico en el Convenio General de la Construcción para el personal de mantenimiento viario, donde quede reconocida la peligrosidad del trabajo, la disponibilidad permanente, la vialidad invernal y el régimen especial de retenes y guardias. Asimismo, la federación ha realizado la solicitud de coeficientes reductores para esta actividad al Ministerio competente.

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La empresa Avícola Hidalgo, asentada en Íscar (Valladolid) y dedicada a la cría de aves hasta el procesamiento, despiece, distribución y comercialización de carne de pollo y sus derivados, planteó el pasado viernes 24 de julio un Expediente de Regulación de Empleo Temporal de fuerza mayor para la suspensión de 373 contratos de trabajo como consecuencia del impacto sobre la actividad del centro de trabajo del sacrificio obligatorio de 1.852.500 aves afectadas por la enfermedad de Newcastle.

La caída del volumen de sacrificio y, por tanto, de la actividad vinculada a la empresa ha supuesto que 373 personas trabajadoras hayan visto suspendido su desempeño laboral hoy mismo, lunes 27 de julio y la restitución de sus puestos esté directamente vinculada a la evolución de la situación sanitaria y a la recuperación del flujo de suministro.

Por eso, desde la federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en Castilla y León solicitan a la Junta que desarrolle un plan de contingencia para complementar los salarios de las personas afectadas por una situación de emergencia sanitaria aún no controlada y de evolución incierta. Cabe recordar que los ERTES por causa de fuerza mayor conllevan la suspensión de empleo a lo largo de 6 meses si la situación no evoluciona favorablemente, con la consiguiente pérdida salarial para las casi 400 familias afectadas. 

Además, desde la organización sindical advierten que esta situación va a agravarse con la extensión de la crisis a más empresas ya que, tal y como ha advertido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, existen actualmente 17 focos activos en la comunidad y esta cepa velogénica de alta virulencia está lejos de ser controlada, por lo que instan a la consejería de agricultura a adoptar medidas de manera urgente.

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