Desde UGT alertamos de que los accidentes de trabajo mortales continúan su senda ascendente. Urge negociar, en el seno del diálogo social, un Plan de Choque contra la siniestralidad laboral con medidas concretas y eficaces
664 personas perdieron la vida por el simple hecho de trabajar durante los diez primeros meses del año. Son 62 más que las fallecidas en el mismo periodo de 2023, lo que supone un aumento del 10,3%.
Durante la jornada de trabajo han muerto 533 personas trabajadoras, siendo 43 más que los registrados en el periodo enero-octubre de 2023. 499 eran hombres y 56 mujeres. Las principales causas de estos accidentes son viejas conocidas y no dejan de repetirse continuamente. Los infartos y derrames cerebrales, los atrapamientos, aplastamientos, amputaciones, las caídas y los accidentes de tráfico son causas recurrentes entre los motivos de los accidentes mortales. Estas causas son prevenibles, por lo que es imprescindible que las empresas cumplan con la legislación en materia preventiva y es que, cada día dos personas trabajadoras mueren en accidente de trabajo.
Las muertes en accidentes in itinere también se han visto incrementadas. En el periodo de enero a octubre se han registrado 131 accidentes mortales, aumentando en 19, lo que se corresponde con un incremento del 17%. 114 fueron accidentes laborales de tráfico con resultado mortal.
Son cifras inaceptables para una sociedad como la nuestra a las que se deben poner freno mediante medidas concretas y eficaces. Por ello, desde UGT seguimos reivindicando la negociación de un Plan de Choque contra la siniestralidad laboral en la Mesa de Diálogo Social de prevención de riesgos laborales que se encuentra actualmente abierta. Entre las medidas a incluir en este Plan de Choque no pueden faltar aquellas destinadas a mejorar la gestión de los riesgos psicosociales en las empresas, ya que la primera causa de muerte en accidente de trabajo durante la jornada laboral han sido los infartos y derrames cerebrales con 222 accidentes, que podrían estar relacionados con la exposición a riesgos psicosociales.
También continuamos reclamando un aumento de recursos humanos y materiales para la Inspección de Trabajo, con el objetivo de potenciar el control del cumplimiento de las normas en materia preventiva. También deberían destinarse mayores recursos para la Fiscalía de Siniestralidad Laboral para reducir los tiempos de resolución de sentencias y para la creación de Juzgados especializados.
Hasta que esto se haga efectivo, consideramos que son necesarias otras garantías de cumplimiento de la normativa en materia preventiva, para lo que proponemos que se analicen fórmulas alternativas como, por ejemplo, que se habilite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como “auxiliares o colaboradores” de la Inspección de Trabajo en el cumplimiento preventivo, cuando se constaten situaciones constitutivas de infracciones graves o muy graves.
Por último, reivindicamos la creación de una figura similar a la del Delegado/a Territorial de Prevención de Riesgos Laborales a nivel estatal, ya que es una realidad que los centros de trabajo sindicalizados son centros más seguros. La creación de esta figura ayudaría a mejorar la PRL en las PYMES de nuestro país que no tiene representación sindical.
